Violencia e inseguridad, se han constituido en una de las grandes preocupaciones ciudadanas, también de investigadores, funcionarios políticos, educativos y policiales, con gran repercusión en los medios de comunicación.
La gente siente miedo, se angustia y desespera en la búsqueda de soluciones para un problema que no comprende, y que lo tiene como potencial víctima de la irracionalidad de inadaptados, y la falta de respuesta por parte del Estado.
En la creencia de que algunas iniciativas pueden colaborar para superar este mal trago, los vecinos exigen legítimamente, más policías, más equipamiento y cámaras de vigilancia; se enrejan, ponen alarmas comunitarias o individuales; concurren a marchas, reuniones con funcionarios políticos o policiales, firman petitorios exigiendo leyes más duras, menos permisividad de los jueces en las excarcelaciones y todo aquello que cada uno pueda imaginar.
Pese a esas acciones, estudios y propuestas, las soluciones se hacen más ilusorias y lejanas, y la inseguridad se expande por todo el cuerpo social.
En paralelo, las distintas jurisdicciones del Estado, los dirigentes y las bancadas políticas se inculpan mutuamente, transformando a la cuestión en un botín de las miserias políticas, cuando no electorales.
Salideras, motochorros, robos y palabras del mismo tenor pasan a engrosar nuestro léxico diario y se constituyen en motivo de las charlas cotidianas, ocultando los verdaderos males que nos aquejan, como son los ajustes, tarifazos e injusta acumulación de la riqueza.
Los expertos exponen sus diagnósticos, las unidades académicas confeccionan mapas del delito y el Estado anuncia reformas legales, policiales, procedimentales y todas las que quiera imaginar, sin que nada cambie.
¿Qué ha pasado en unos pocos años, para que la violencia se haya desmadrado de la forma que lo ha hecho? ¿Qué maldición bíblica ha caído sobre nosotros para que ocurra tal transformación?
Muchos se hacen los idiotas.
Rara vez en el debate sobre esta problemática, se pone en el centro del mismo, las razones que provocaron este descalabro; menos se intenta mostrar la relación directa entre el juego y el incremento de la criminalidad.
Desde que en el país se difundieron las salas de juego, prohijadas por el Estado nacional, provincial o municipal, en acuerdos con empresas extranjeras y nativas, los índices delictuales no han parado de crecer.
Ello no es una rareza o una anomalía imprevista, ya que toda la bibliografía al respecto, deja patente la relación lineal, constante y estrecha entre juego y delito.
Quienes por acción u omisión convalidaron estas políticas, sabían o deberían haber sabido de las consecuencias lamentables de sus decisiones, pero se hicieron y siguen haciéndose los idiotas y nos quieren tomar por tales.
Basta como ejemplo, investigaciones de la Universidad de Illinois EE.UU., determinaron que en un periodo de 20 años las ciudades estadounidenses que cuentan con casinos aumentaron en 44% su índice delictivo. (1)
El diario New York Times, señala que en Delta Town, a partir del establecimiento de casinos, no se erradicó la pobreza ni ha mejorado el nivel de vida; en cambio sí subió la criminalidad en esa área. Un análisis en Nueva Zelanda, estableció que si se abren casinos en las zonas urbanas de ese país la criminalidad aumentaría un 52%.
“Atlantic era el lugar número 50, en los Estados Unidos en materia de seguridad. A 3 años de que se autorizó el juego pasó del 50 al primer lugar en materia de inseguridad”. (2)
Estos datos, son un espejo en donde nadie quiere mirarse, sobre todo en una ciudad con índices delictuales altos, al que hay que darle una respuesta.
Mientras muchos se rasgan las vestiduras y hacen oír sus catilinarias contra este flagelo, poco hacen para desarmar el huevo de la serpiente, causante del problema y cada día se involucran más en las actividades conjuntas con las salas de juego o intentan reducirles gabelas.
Existe una sociedad en la que unos programan, difunden, hacen planes, carreras, obras y otros ponen la plata, lo que es un decir, ya que a la misma la pone la pobre gente que juega.
Estos juegos, lejos están de ser un divertimento, encierran un nivel de tensión y crispación muy alto, que sumado a la frustración de la pérdida económica, disparan la violencia a escalas peligrosas. Todos los días jóvenes y sectores de menores recursos van a dejar en esas salas sus magros ingresos y deben volver a sus casas con los bolsillos flacos, el ánimo por el piso y la desesperación a flor de piel. En ese contexto, el aumento de la delincuencia es un daño colateral, que nadie quiere afrontar y menos desterrar.
“Casino, pues, en el sentido italiano: un gigantesco enredo, un desmadre que, más que contaminar al sistema, lo retrata. Un sitio donde quienes pretenden ganar unos cuantos pesos -los ciudadanos- son meros peones al servicio de quienes en verdad se enriquecen: quienes otorgan las concesiones, los dueños de éstas (con frecuencia otros políticos) y el crimen organizado que lava su dinero o cobra "derecho de piso". “En su banal atrocidad, simboliza la falta de auténticas políticas sociales, la desvergüenza de quienes deben vigilar los centros de juego, la hipocresía en la política sobre las adicciones, la impunidad y la irresponsabilidad de una clase política que, ni siquiera frente al deterioro socioeconómico, político, y moral que representa este hecho, deja de lado sus intereses para concentrarse, por una vez, en el interés común.”(3)
Si algún funcionario o candidato habla de combatir el delito y no se refiere al juego, no le crea nada, por cuanto nada se logrará sino no se controlan estos salas.